La Guardia Civil ha detenido en El Real de la Jara al presunto líder de una organización que captaba a inmigrantes irregulares para trabajar en el campo y luego los endeudaba. También estafaba a propietarios de fincas de Sevilla y Huelva.
La Guardia Civil ha puesto fin a una trama de explotación laboral y estafa que operaba en la Sierra Norte de Sevilla. El principal acusado, un empresario agrícola de El Real de la Jara, fue arrestado el pasado miércoles en el marco de la operación BAETIS CISTUS, que ha dejado además a otras tres personas investigadas como cooperadores necesarios.
La investigación arrancó en enero, cuando varios extranjeros en situación irregular denunciaron las condiciones abusivas que sufrían. Según fuentes del instituto armado, el detenido captaba a estas personas aprovechando su vulnerabilidad económica y las alojaba en una nave industrial de El Real de la Jara. Allí llegaron a hacinarse hasta 18 trabajadores en condiciones insalubres, sin baños ni duchas.
De jornaleros a deudores: el engranaje de la explotación
El modus operandi era meticuloso. El detenido pagaba los primeros días para ganarse la confianza de los jornaleros, pero después dejaba de abonar los salarios de forma sistemática. A cambio, les cobraba una cantidad diaria por la pernoctación y el transporte a las fincas, generando una deuda que los trabajadores nunca podían saldar.
Cuando las víctimas reclamaban lo adeudado, el presunto cabecilla respondía con amenazas de muerte a través de mensajes telefónicos, llegando a exhibir armas blancas y a intimidarles con perros de razas peligrosas. Los agentes del Equipo ROCA de La Rinconada, responsables de la operación, recogieron numerosos testimonios que corroboran estas prácticas.
Estafa a los dueños de las fincas: la cosecha que desaparecía
Paralelamente, la organización cometía estafas contra propietarios de fincas agrícolas de Sevilla y Huelva. El detenido ofrecía grandes beneficios por la recolección de sus cosechas, encargándose él mismo de la mano de obra. Sin embargo, una vez recogido el producto, lo vendía directamente en almazaras de Badajoz y Huelva, cobrando importantes sumas que nunca entregaba a los dueños de las fincas.
La Guardia Civil estima que el perjuicio económico por esta vía supera los 30.000 euros, a los que se suma la apropiación indebida de material agrícola. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas víctimas ni detenciones.
El detenido ha pasado a disposición judicial como presunto autor de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, contra los derechos de los trabajadores y ciudadanos extranjeros, estafa continuada, amenazas y apropiación indebida. Los otros tres investigados, que realizaban labores de supervisión y transporte, también han sido puestos a disposición del juzgado.
En el operativo participaron el Equipo ROCA de la Guardia Civil de La Rinconada, la Unidad Orgánica de Policía Judicial y efectivos del Puesto de El Real de la Jara, con el apoyo de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla. Esta colaboración ha sido clave para documentar las condiciones laborales ilegales.
Para los vecinos de la Sierra Norte, este caso pone de relieve una realidad que a menudo pasa desapercibida: la explotación de temporeros en el campo sevillano. Las autoridades recuerdan que cualquier persona en situación irregular tiene derecho a denunciar sin miedo a represalias, y que existen canales anónimos para hacerlo.
La investigación continúa, y se espera que en las próximas semanas se determinen las responsabilidades penales de todos los implicados. Mientras tanto, los jornaleros rescatados han sido puestos en contacto con servicios sociales para su acogida y regularización.
¿Qué hacer si soy víctima de explotación laboral en el campo sevillano?
Puedes denunciar de forma anónima llamando al 062 de la Guardia Civil o acudiendo a cualquier puesto del instituto armado. También puedes contactar con la Inspección de Trabajo de Sevilla.
¿Cuáles son las penas por trata de seres humanos con fines de explotación laboral?
El Código Penal español prevé penas de prisión de 5 a 8 años, que pueden aumentar si concurren agravantes como el uso de amenazas o la situación de especial vulnerabilidad de las víctimas.
También te puede interesar
