El grupo Por Andalucía ha registrado una proposición no de ley en el Parlamento andaluz para que la Junta declare los corralones de la calle Castellar como bien de interés cultural. La medida busca frenar la especulación inmobiliaria y proteger estos espacios como lugar de interés etnológico.
La izquierda sevillana sigue moviendo ficha en torno a los corralones de la calle Castellar. El grupo Por Andalucía, que integra a IU y Sumar, ha registrado este martes una proposición no de ley (PNL) en el Parlamento de Andalucía para que la Junta declare estos edificios como bien de interés cultural (BIC) con la categoría de lugar de interés etnológico. La iniciativa, firmada por la diputada Esperanza Gómez, llega después de que el PSOE local mostrara su apoyo a los okupas tras los incidentes con la empresa de desokupación el pasado 7 de julio.
Un escudo legal contra la especulación
La PNL insta al Gobierno de Juanma Moreno a iniciar de oficio el procedimiento de protección previsto en la Ley de Patrimonio Cultural de Andalucía. Según la norma, los lugares de interés etnológico son aquellos espacios vinculados a formas de vida, cultura o actividades tradicionales andaluzas. Si los corralones obtienen esta catalogación, su venta quedaría sujeta a restricciones y bajo control de la Administración pública, lo que dificultaría su reconversión en hoteles o apartamentos turísticos.
«Lo que está ocurriendo en los corralones es la consecuencia de un modelo que pone el negocio inmobiliario por encima de las personas y del patrimonio común», ha criticado Esperanza Gómez. La diputada ha añadido que «Moreno no puede seguir siendo un espectador mientras la especulación expulsa a quienes mantienen viva la historia de Sevilla».
Los okupas de la calle Castellar llevan meses denunciando que la propiedad pretende vender el edificio tras una reforma, lo que, según ellos, encarecería los alquileres y expulsaría a los residentes. Sin embargo, la propiedad ha negado que exista una operación urbanística para convertir el espacio en un hotel, calificándolo de «bulo» para justificar la ocupación.
El PSOE también aprieta
El respaldo a los okupas no es nuevo. El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Sevilla y exalcalde, Antonio Muñoz, ya condenó la actuación de la empresa de desokupación, a la que acusó de «allanar de forma violenta» la vivienda de una inquilina. Muñoz alertó además de un supuesto plan para sustituir un colegio –el Calderón de la Barca– por un hotel y cambiar vivienda protegida por pisos de lujo.
El portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno, salió al paso de estas acusaciones negando cualquier «pelotazo urbanístico». En una nota de prensa, Bueno aseguró que el verdadero problema de los corralones es de seguridad ciudadana, «desencadenado por la ocupación ilegal de determinadas viviendas que el PSOE está intentando ocultar». Y retó a los socialistas a que «soliciten al Gobierno más policías nacionales para Sevilla».
Un conflicto que divide al barrio
Mientras los partidos se enzarzan, los vecinos de la calle Castellar sufren las consecuencias. Fuentes del entorno aseguran que las peleas y los ruidos son constantes desde que los okupas tomaron los corralones. «No todos los que viven allí son okupas, pero los que lo son generan inseguridad», explica un residente que prefiere no dar su nombre.
Para Por Andalucía, la protección patrimonial es la única vía. «Los corralones no son un solar donde hacer negocio. Son espacios únicos de creación, de convivencia y de memoria colectiva», ha defendido Esperanza Gómez. La diputada ha insistido en que «la cultura también se defiende impidiendo que la codicia destruya lo que pertenece a toda la ciudadanía».
La PNL se debatirá en el Parlamento en las próximas semanas. De salir adelante, la Junta debería iniciar el expediente para declarar los corralones BIC, un proceso que puede alargarse meses. Mientras tanto, la calle Castellar sigue siendo el epicentro de una pugna entre el derecho a la vivienda, la especulación y la seguridad ciudadana.
¿Qué implica que los corralones sean declarados BIC?
Si se declaran Bien de Interés Cultural, la venta del edificio quedaría sujeta a restricciones y al control de la Junta de Andalucía, lo que dificultaría su reconversión en hoteles o apartamentos turísticos.
¿Quién ha presentado la proposición no de ley?
La ha presentado el grupo Por Andalucía, que integra a Izquierda Unida y Sumar, a través de la diputada Esperanza Gómez.
¿Qué dice el Ayuntamiento de Sevilla sobre el conflicto?
El portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno, niega que haya un pelotazo urbanístico y asegura que el problema es de seguridad ciudadana por la ocupación ilegal.
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