El plazo para solicitar la regularización extraordinaria de migrantes finaliza este martes 30 de junio. Más de 900.000 peticiones se han presentado, aunque el Gobierno espera beneficiar a medio millón de personas. Las entidades sociales denuncian retrasos y piden una ampliación.
El proceso de regularización extraordinaria de migrantes, puesto en marcha el pasado 16 de abril, llega a su fin este martes 30 de junio. Según datos del Ministerio de Migraciones, hasta el 15 de junio se habían registrado más de 900.000 solicitudes, aunque las cifras podrían incluir duplicidades. El Ejecutivo defiende el 'éxito de país', mientras que las organizaciones sociales advierten de que miles de personas se quedarán fuera por la falta de tiempo para reunir la documentación.
Este mecanismo, diseñado para regularizar a migrantes en situación irregular que pudieran demostrar arraigo social o laboral, ha generado una alta demanda. La Policía Nacional estimó inicialmente que podrían verse afectadas 1.350.000 personas, aunque el Gobierno fijó un objetivo de medio millón de beneficiarios. La diferencia entre estas cifras y el número de solicitudes presentadas refleja la complejidad del proceso.
Fuentes del Ministerio han señalado que las solicitudes están siendo filtradas para evitar duplicidades, y que ya se están enviando autorizaciones provisionales. No obstante, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ofreció una perspectiva diferente. El pasado 15 de junio, la entidad estimó en un millón las peticiones, superando las cifras oficiales. Su directora general, Mónica López, advirtió sobre la posibilidad de duplicidades, explicando que 'seguramente, en ese millón va a haber bastantes duplicados porque la gente ha presentado por distintas vías'.
López también puso el foco en el estado de la tramitación. Según CEAR, solo unas 300.000 solicitudes han sido admitidas a trámite, lo que representa apenas un 30% del total. Denunció un retraso significativo en la gestión, afirmando que 'los 15 días de los que se hablaron en un primer momento, en la mayoría de los casos no se están cumpliendo', lo que genera incertidumbre entre los solicitantes.
Ante esta situación, diversos movimientos sociales y partidos políticos han presentado en el Congreso una proposición no de ley para extender el plazo. Cuentan con el apoyo de formaciones como Podemos, Sumar, EH Bildu, ERC y BNG, que consideran la fecha del 30 de junio como arbitraria. Argumentan que, 'si hay voluntad política, esto se puede llevar adelante', a pesar de las afirmaciones gubernamentales sobre la imposibilidad de prórroga.
La ministra de Migraciones, Elma Saiz, defendió el proceso como un 'éxito de país'. Subrayó que esta regularización 'culminará con el afloramiento de empleo, con derechos y obligaciones para las personas migrantes y con el refuerzo del mercado de trabajo', destacando los beneficios para la economía y la sociedad española. Saiz enfatizó que este proceso 'no es un punto y final', sino el inicio de una estrategia a largo plazo, y aseguró que el Ejecutivo continuará modernizando la política migratoria en los próximos años, con el objetivo de 'ampliar la protección social y robustecer nuestro sistema público de pensiones'.
Antecedentes similares, como la regularización de 2005, mostraron que los procesos masivos suelen enfrentar retrasos en la tramitación. En aquella ocasión, más de 600.000 personas se regularizaron, pero también hubo críticas por la falta de recursos. Ahora, la situación es comparable, con un volumen de solicitudes que supera las previsiones iniciales.
Para los solicitantes que no hayan presentado su documentación, el tiempo se agota. A partir del miércoles, quienes no hayan podido registrarse quedarán fuera del proceso, aunque el Gobierno ha indicado que continuará revisando las solicitudes ya presentadas. Se recomienda a los interesados consultar con las oficinas de extranjería o con asociaciones de ayuda a migrantes para conocer el estado de su expediente.
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