La juez archiva la querella de Vox contra el exalcalde Toscano y Salazar por prescripción del delito de prevaricación, al no apreciar malversación ni tráfico de influencias.
El Juzgado de Instancia de Dos Hermanas ha dictado el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra el exalcalde socialista Francisco Toscano y el ex alto cargo de Moncloa Paco Salazar por la contratación de este último entre 2012 y 2017. La magistrada titular del juzgado número 7 de la Sección Civil y de Instrucción resolvió archivar la querella presentada por Vox, al considerar que el posible delito de prevaricación había prescrito y que no existían indicios suficientes de malversación ni tráfico de influencias.
Según el auto judicial, al que ha tenido acceso este diario, la contratación de Salazar por parte del Ayuntamiento de Dos Hermanas «prescindió de los trámites esenciales» del procedimiento de selección, lo que podría constituir un delito de prevaricación. Sin embargo, la juez subraya que «al tener señalado el mismo una pena de inhabilitación esencial para empleo o cargo público por un tiempo de siete a diez años y un plazo de prescripción de diez años», la querella se presentó el 17 de julio de 2025, más de 13 años después de los hechos, por lo que el delito había prescrito.
En cuanto al delito de malversación, la magistrada indica que las diligencias practicadas «no permiten acreditar la inexistencia absoluta de actividad laboral por parte de Salazar», ni que Toscano «llevara a cabo una conducta dolosa de omisión impropia». Añade que, «con independencia de que la contratación (...) pudiera ser reprochable desde un punto de vista político o incluso ético, en modo alguno puede ser catalogado como ilícito penal».
Sobre el tráfico de influencias, la resolución señala que no ha quedado «debidamente consolidado que Toscano, en su condición de alcalde, y prevaliéndose de la superioridad de su cargo, ejerciera influencia alguna sobre los miembros de la Junta de Gobierno Local para aprobar la selección de Salazar». De haber quedado acreditado, también habría prescrito.
El caso tiene su origen en la contratación de Paco Salazar, ex alto cargo de Moncloa, quien entre 2012 y 2017 percibió un salario de 2.000 euros del Ayuntamiento de Dos Hermanas pese a que, según la querella, «no asistía a su puesto de trabajo, al encontrarse trabajando en Madrid, primero en la sede del PSOE y posteriormente en Moncloa». Vox presentó la denuncia en julio de 2025, mientras que Salazar comparecía ante la Comisión de Investigación del caso Koldo en el Senado.
La decisión judicial supone el cierre de una investigación que se prolongó durante varios meses, pero que no ha logrado aportar pruebas suficientes para sostener los delitos más graves. La juez concluye que «con independencia del reproche político, no hay base para un ilícito penal». El auto no es firme y cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Sevilla.
Este archivo se produce en un contexto de creciente atención mediática sobre las contrataciones irregulares en administraciones locales. En los últimos años, varios ayuntamientos andaluces han sido objeto de investigaciones por prácticas similares, aunque muchas han quedado en nada por la prescripción de los delitos. La comunidad autónoma de Andalucía ha reforzado los mecanismos de control, pero el caso de Dos Hermanas evidencia las dificultades para perseguir actuaciones que, aunque éticamente cuestionables, no encuentran encaje penal.
El fallo también pone de relieve la importancia de la celeridad en la tramitación de las denuncias, ya que el paso del tiempo juega a favor de los investigados. En este caso, la querella se presentó cuando ya habían transcurrido más de 13 años desde el inicio de la contratación, lo que impidió cualquier condena.
Desde el entorno de Toscano han mostrado su satisfacción por el archivo, aunque han evitado hacer declaraciones públicas. Por su parte, Vox ha anunciado que estudiará la posibilidad de recurrir, al considerar que «la prescripción no debe ser un obstáculo para la depuración de responsabilidades políticas». El partido ha recordado que Toscano ha sido alcalde de Dos Hermanas durante décadas y que este caso empaña su trayectoria.
En definitiva, el archivo de la causa deja sin efecto las acusaciones iniciales y cierra la vía penal, aunque el asunto podría tener repercusiones políticas en el ámbito local. La juez ha ordenado el sobreseimiento provisional, lo que significa que las actuaciones quedan suspendidas, pero podrían reabrirse si aparecieran nuevos elementos de prueba en el futuro.
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