Seis vecinos de Huévar del Aljarafe han declarado este martes ante la Audiencia de Sevilla y han coincidido en que el alcalde les derivaba a servicios sociales para conseguir trabajo. Todos fueron contratados entre 2014 y 2019, presuntamente sin proceso público.
El juicio contra los exalcaldes socialistas de Huévar del Aljarafe, Rafael Moreno y Áurea Moreno, ha continuado este martes con las declaraciones de seis vecinos que fueron contratados por el Ayuntamiento entre 2014 y 2019. Todos ellos han relatado el mismo procedimiento: acudían al regidor y este los enviaba a los servicios sociales, donde se decidía su empleo. La acusación particular, ejercida por el actual Consistorio del PP, sostiene que estas contrataciones se hacían a cambio de votos, pero los testigos no han mencionado ese extremo.
Un patrón común en todas las declaraciones
La primera testigo, una mujer que trabajó como limpiadora de edificios públicos, ha explicado que pedía cita con el alcalde o un concejal y estos la remitían a servicios sociales. Allí entregaba su documentación y el área social le ofrecía el puesto. A preguntas del fiscal, ha reconocido haber recibido también "ayudas de emergencia" para familias en dificultades.
Una segunda vecina, contratada en múltiples ocasiones como barrendera, ha asegurado que hablaba con "los superiores" —el alcalde o los concejales— y estos la enviaban al asistente social. "Cuando pedía trabajo, ellos me localizaban uno", ha declarado. Además, ha indicado que acudía al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para renovar su demanda de empleo.
El tercer testigo, un hombre que obtuvo uno o dos contratos como barrendero o peón, ha repetido la misma fórmula: "Hablaba con el señor alcalde y me mandaba al asistente social". La cuarta vecina, una joven especializada en ayuda a domicilio, ha señalado que se enteraba de los trabajos a través de compañeras y que también estaba inscrita en la bolsa de empleo del SAE.
El quinto testigo y la joven que cerró la sesión
Un joven dedicado al mantenimiento de edificios ha recordado que pedía trabajo al Ayuntamiento, entregaba su currículum y esperaba una semana hasta que lo llamaban. "Yo no sabía qué ofertas había, yo pedía trabajo al Ayuntamiento cuando llegaba el verano", ha añadido. La última compareciente, tras poco más de media hora en la sala, ha insistido en la misma rutina: "Yo charlaba con el alcalde, me mandaba a servicios sociales y allí ya me pedían los papeles. Cada vez que necesitaba trabajo iba a hablar con ellos. Si me lo daban, bien, y si no, también. No siempre me lo daban".
Lo paradójico del caso es que todos los testigos habían sido citados por la acusación particular del propio Ayuntamiento, ahora gobernado por el PP, pero ninguno ha sido preguntado sobre el presunto intercambio de contratos por votos. El fiscal se ha centrado en la legalidad del proceso de selección.
Los acusados y la postura de la Fiscalía
El lunes, los dos exalcaldes negaron los hechos y aseguraron que "nunca jamás" ayudaron a vecinos en función de su voto. "Tenemos a gala atender a toda la gente, no se les pedía el carnet de ningún partido político", espetó Rafael Moreno. La Fiscalía, sin embargo, sostiene que las contrataciones fueron "absolutamente irregulares": no existía bolsa de empleo municipal, no se valoraron méritos, no se publicaron ofertas y ni siquiera se incoaron expedientes. Por ello, solicita trece años de inhabilitación para ambos por un delito continuado de prevaricación.
La defensa reclama la absolución. El juicio concluirá este miércoles con más testigos y los informes finales. Para los vecinos de Huévar, el caso ha generado expectación, ya que afecta a la confianza en la gestión municipal de los últimos años. Mientras tanto, el consistorio actual sigue defendiendo su acusación, pero los testimonios de hoy no han aportado pruebas del presunto intercambio de votos.
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