El Ayuntamiento de Montellano ha emitido un comunicado para zanjar la confusión generada en los últimos días sobre los protocolos firmados en 2005 con propietarios de parcelas en suelo no urbanizable. El consistorio detalla las obligaciones asumidas entonces y el destino de las cantidades abonadas.
El Ayuntamiento de Montellano ha salido al paso de las informaciones que en los últimos días han circulado en el municipio en torno a los convenios urbanísticos firmados en 2005 con propietarios de parcelas y construcciones en suelo no urbanizable. En un comunicado oficial, el consistorio ha querido ofrecer una explicación clara y transparente para disipar la preocupación y la confusión generadas entre la ciudadanía.
Según ha recordado el Ayuntamiento, aquellos protocolos de intenciones se rubricaron en un contexto normativo muy distinto al actual. En ellos, los propietarios reconocían haber cometido una infracción urbanística por edificar en suelo no urbanizable y, como consecuencia, asumían tres obligaciones legales: el pago de una sanción urbanística de 3.000 euros, el importe mínimo previsto para infracciones graves; el abono del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO); y una garantía de un euro por metro cuadrado.
Esta última cantidad, según ha explicado el consistorio, se fijó como una garantía a cuenta del importe definitivo que pudiera resultar de las determinaciones del futuro Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), especialmente en lo relativo a la financiación de los sistemas generales y las ampliaciones necesarias para una posible urbanización de la zona. Tal y como se recogía en los propios convenios, dicha cantidad quedaba retenida por el Ayuntamiento hasta la aprobación del correspondiente proyecto redistributivo, momento en el que pasaría a tener carácter de pago parcial.
Sin embargo, por los cambios posteriores en la normativa urbanística, el PGOU no llegó a aprobarse y las zonas afectadas no se urbanizaron conforme a lo inicialmente previsto. El Ayuntamiento ha señalado que circunstancias ajenas al mismo, como la crisis del ladrillo, cambios de normativas o la falta de iniciativa de los vecinos y vecinas, han impedido que se den las condiciones para aplicar la garantía en los términos originalmente planteados.
En cuanto a las cantidades abonadas en concepto de sanción y de ICIO, el consistorio ha aclarado que se ingresaron legalmente en el presupuesto municipal como parte de los ingresos ordinarios del Ayuntamiento, al igual que ocurre con cualquier vecino que comete una infracción o realiza una obra, conforme a la normativa vigente. En ningún caso se trata de fondos de uso discrecional ni de cantidades ajenas a la Hacienda Municipal, ha subrayado.
Con el paso del tiempo y ante la necesidad de ofrecer una solución realista y ajustada a la legalidad, el Ayuntamiento aprobó en el año 2020 la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación de Servicios Urbanísticos, al amparo de la Ley del Suelo. En dicha ordenanza se regula la figura del Asimilado a Fuera de Ordenación (AFO), prevista por la legislación andaluza para regularizar este tipo de construcciones.
El comunicado municipal incide en que la ordenanza contempla un procedimiento para que los propietarios de estas parcelas puedan regularizar su situación, siempre que cumplan los requisitos establecidos. De esta forma, se ofrece una vía legal para resolver una situación que se ha prolongado durante casi dos décadas.
El Ayuntamiento de Montellano ha querido dejar claro que toda la información sobre estos convenios y la ordenanza de 2020 está disponible para los vecinos que quieran consultarla. El objetivo, según el consistorio, es garantizar la máxima transparencia y disipar cualquier duda que haya podido surgir en los últimos días.
La polémica había generado incertidumbre entre los propietarios de las parcelas afectadas, que en algunos casos llevan años esperando una solución urbanística. Con este comunicado, el Ayuntamiento pretende tranquilizar a los vecinos y dejar claro que se está trabajando dentro del marco legal para dar una salida a esta situación.
El siguiente paso, según fuentes municipales, será continuar con la aplicación de la ordenanza de 2020, que permite a los propietarios acogerse a la figura del AFO y regularizar así sus construcciones. Para ello, los interesados deberán presentar la documentación requerida y abonar las tasas correspondientes, según lo establecido en la normativa.
El Ayuntamiento ha recordado que la ordenanza está en vigor desde su aprobación y que cualquier vecino que desee más información puede acudir a las oficinas municipales o consultar los documentos publicados en la web del consistorio. Con esta medida, se busca dar una solución definitiva a un problema que se arrastra desde hace años.
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