La asamblea en defensa del complejo universitario Flora Tristán ha irrumpido en el pleno del Ayuntamiento de Sevilla para exigir financiación pública y evitar el cierre de la residencia.
La asamblea en defensa del complejo universitario Flora Tristán, propiedad de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), ha trasladado este martes su protesta al Ayuntamiento de Sevilla para reclamar la implicación del alcalde en el mantenimiento de la residencia ubicada en las Tres Mil Viviendas.
El Consejo de Gobierno de la UPO acordó hace una semana mantener cerrado el inmueble hasta que se ejecuten las obras necesarias para garantizar la seguridad del edificio, después de que el Consejo Social frenara la cesión de su gestión a la Fundación Gerón, la fórmula defendida por el Rectorado para acometer la rehabilitación del complejo y reabrir la residencia el próximo curso. Tras ese rechazo, la Universidad constituyó una comisión mixta para explorar nuevas vías de financiación, al sostener que carece de recursos para asumir unas obras cuya primera fase está valorada en 420.000 euros.
En ese contexto, representantes de la asamblea han acudido este martes al pleno extraordinario del Ayuntamiento para reclamar el apoyo de la corporación municipal. Tras protestar en el pleno y ser desalojados al grito de “la Flora no se cierra”, acusaron al Rectorado de plantear una “falsa dicotomía entre la privatización del complejo o su cierre” y reclamaron financiación pública que permita mantener abierto el proyecto el próximo curso, evitando así “dejar a centenares de estudiantes en la calle”.
Desde la asamblea alertan del impacto que la incertidumbre y la falta de respuestas están teniendo sobre el estudiantado. “Nos está costando ya la salud mental a muchísimos residentes”, asegura Amanda, representante de la asamblea y residente desde hace cuatro años en el complejo. De acuerdo con su testimonio, el perfil mayoritario de quienes residen actualmente en la Flora Tristán son estudiantes en situación de vulnerabilidad o personas migrantes sin red de apoyo en la ciudad, que dependen de una residencia pública y de las becas de colaboración para poder continuar sus estudios. “Muchos solo tienen como recurso su sueldo y cobran unos 500 euros al mes; literalmente se están viendo en la calle”, afirma.
La Universidad Pablo de Olavide ha confirmado que la comisión mixta ya ha celebrado una primera reunión y trabaja en una convocatoria de ayudas para facilitar un alojamiento alternativo a los estudiantes durante el próximo curso.
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