Un juzgado de Sevilla ha procesado a J. M. G. G., de 63 años, por instalar una cámara oculta en el baño de una farmacia de Los Remedios para grabar a sus compañeras durante meses.
El Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla ha dictado un auto de procedimiento abreviado contra un ex trabajador de una farmacia del barrio de Los Remedios, acusado de colocar una cámara oculta en el cuarto de baño para grabar a sus compañeras de trabajo. Los hechos se habrían producido entre los años 2024, 2025 y principios de 2026, según consta en la resolución judicial.
El dispositivo camuflado como mando de coche
El acusado, identificado como J. M. G. G. y de 63 años, presuntamente ocultaba la cámara en un llavero con forma de mando de apertura de vehículo, que dejaba en el lavabo del establecimiento. La grabación captaba a las empleadas cuando hacían uso del aseo o se cambiaban de ropa, según el auto del juez Sergio Escalona.
El dispositivo fue descubierto por la pareja sentimental de una de las trabajadoras, que fue a usar el baño y detectó el extraño objeto. Inmediatamente avisó a la empleada, quien alertó a los encargados de la farmacia. Al ser interrogado, el sospechoso no supo dar explicaciones y abandonó el lugar, según recoge el instructor.
El juez señala que está "indiciariamente acreditado que el investigado aprovechó su empleo" en la farmacia, donde trabajaba desde 2022, para llevar a cabo las grabaciones.
Las trabajadoras, en estado de ansiedad
Las empleadas relataron a la Policía que el acusado se ponía nervioso si alguien tocaba la llave y que solía ser el último en cambiarse y usar el aseo. Era habitual que las trabajadoras se ducharan en ese baño, e incluso el compañero las animaba a probarse ropa interior allí. Al conocer que habían sido grabadas durante meses, algunas sufrieron crisis de ansiedad.
La farmacia, situada en el barrio sevillano de Los Remedios, despidió al empleado tras admitir los hechos. El caso ha generado preocupación entre los vecinos y el sector farmacéutico local, que sigue con atención el desarrollo del proceso.
Penas de hasta cuatro años de prisión
El juez ha procesado al ex trabajador por un delito contra la intimidad, tipificado en el artículo 197 del Código Penal, que protege el derecho fundamental a la intimidad personal. Las penas para estos delitos oscilan entre uno y cuatro años de prisión, dependiendo de la gravedad y las circunstancias. Además, el tribunal puede imponer inhabilitación para el ejercicio de profesiones relacionadas con la confianza, especialmente cuando los hechos se cometen aprovechando una relación laboral.
La legislación también contempla agravantes si las imágenes hubieran sido difundidas, lo que podría elevar las penas hasta cinco años de cárcel, según el artículo 197 bis. En este caso, no consta que las grabaciones hayan sido compartidas con terceros.
Las víctimas tienen derecho a solicitar indemnizaciones por los daños morales sufridos. El juicio se celebrará próximamente en un juzgado de lo Penal de Sevilla, donde el acusado deberá responder por sus actos. Mientras tanto, las empleadas afectadas reciben apoyo psicológico y han sido relevadas de sus funciones en la farmacia para facilitar su recuperación.
¿Qué pena puede tener el acusado por grabar a sus compañeras?
El delito contra la intimidad del artículo 197 del Código Penal conlleva penas de uno a cuatro años de prisión, además de posible inhabilitación profesional.
¿Qué hago si encuentro una cámara oculta en mi trabajo?
Debes avisar inmediatamente a tus superiores y a la Policía, y no tocar el dispositivo para preservar las pruebas. También puedes denunciar ante la Inspección de Trabajo.
¿Pueden las víctimas reclamar una indemnización?
Sí, las trabajadoras afectadas tienen derecho a solicitar una indemnización por daños morales en el proceso penal o por la vía civil.
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