El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Sevilla aprobó las cuentas anuales de 2025 con 14 votos a favor y 2 en contra, pese al resultado negativo de 14,8 millones de euros. El órgano insta a la institución a elaborar un plan económico-financiero para recuperar el equilibrio.
El Consejo Social de la Universidad de Sevilla dio luz verde a las cuentas del ejercicio 2025, pero no sin antes encender todas las alarmas. El informe del auditor incluye tres salvedades y el resultado se salda con un ajuste negativo de -14,8 millones de euros. La situación patrimonial, según el órgano, es desfavorable y exige medidas urgentes.
Un déficit que obliga a tomar medidas
El remanente de tesorería no afectado negativo activa el artículo 57.8 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario. Esto significa que la US está obligada a adoptar medidas correctoras. El Consejo Social, en su resolución, insta a la universidad a reducir gastos en el próximo presupuesto y a elaborar un Plan Económico-Financiero al amparo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Desde el Consejo Social expresaron su preocupación no solo por el déficit, sino también por la evolución patrimonial desfavorable. En el pleno, la votación fue de 14 votos a favor, 2 en contra y ninguna abstención. Los votos en contra reflejan el malestar de algunos miembros con la gestión económica.
“Este plan no es un ajuste indiscriminado, sino un esfuerzo por optimizar los gastos públicos y buscar nuevas fuentes de ingresos”, señalan fuentes del Consejo Social.
La US confía en la Junta y en los fondos propios
La Universidad de Sevilla confía en que la evaluación técnica propuesta por la Junta de Andalucía permita ajustar la financiación a las demandas reales de una entidad con su complejidad y tamaño. Mientras tanto, la rectora ha puesto en marcha una Oficina de Captación de Fondos Estratégicos e Institucionales con un objetivo ambicioso: aumentar los ingresos propios del actual 27% al 35% antes de 2031.
Este incremento de ingresos propios es clave para reducir la dependencia de la financiación pública y garantizar la sostenibilidad. La US quiere captar más fondos de proyectos europeos, convenios con empresas y donaciones, sin recurrir a recortes que afecten a la docencia o la investigación.
Ambas partes, Consejo Social y equipo rectoral, coinciden en que el plan económico no debe comprometer la calidad educativa, la investigación, la transferencia de conocimiento ni la función social de la universidad. Además, se protegerá a las personas y colectivos más vulnerables.
¿Qué supone esto para el estudiante o el trabajador de la US?
De momento, no hay recortes directos anunciados. El plan se centrará en optimizar gastos y buscar nuevas vías de ingreso. La rectora ha garantizado que no se tocarán las partidas destinadas a becas, ayudas al estudio ni servicios básicos. Sin embargo, el déficit de 14,8 millones obliga a una revisión profunda de todas las partidas.
El Consejo Social recuerda que la elaboración de un Plan Económico-Financiero es la herramienta legal más adecuada para recuperar la estabilidad. Este plan deberá presentarse en los próximos meses y será supervisado por la Junta de Andalucía.
Por último, Universidad y Consejo Social se comprometen a trabajar con mayor responsabilidad para mejorar la eficiencia en el uso de recursos, fortalecer la captación de fondos y asegurar la sostenibilidad de la institución. El próximo presupuesto, el de 2026, será la primera prueba de fuego para ver si las medidas funcionan.
¿Qué consecuencias tiene el déficit de la US para los estudiantes?
De momento no hay recortes directos anunciados. El plan financiero se centrará en optimizar gastos y buscar nuevos ingresos, sin afectar becas ni servicios básicos.
¿Cuándo se presentará el plan económico-financiero?
El Consejo Social insta a la universidad a elaborarlo en los próximos meses. Será supervisado por la Junta de Andalucía.
¿Cómo piensa la US aumentar sus ingresos propios?
A través de la Oficina de Captación de Fondos Estratégicos, buscando proyectos europeos, convenios con empresas y donaciones, con el objetivo de pasar del 27% al 35% antes de 2031.
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